OTRO PLAN
Desde 2006 a la fecha, los gobiernos federales en turno han implementado planes que funcionan de manera momentánea en reducir la violencia en Michoacán, la realidad es que la mayoría de ellos no han funcionario y tarde que temprano vuelve la violencia.
Es decir, en casi dos décadas, Michoacán ha sido el laboratorio del combate federal contra el crimen organizado, ya que ha sido escenario de dos estrategias nacionales que, con distintos nombres y enfoques, han perseguido el mismo fin: recuperar el control del territorio donde se perdió autoridad frente a los cárteles.
En diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón ordenó el Operativo Conjunto Michoacán dando inicio a la llamada guerra contra el narcotráfico. En 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto impulsó el Plan Michoacán, juntos lo vamos a lograr.
Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con un elemento nuevo, la reconstrucción del tejido social.
Si bien es cierto que la ofensiva federal contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón en 2006 no cumplió sus objetivos, permitió el decomiso importante de drogas y armas, sin embargo, también surgieron denuncias de violaciones a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones atribuibles a las fuerzas de seguridad.
Con el Plan de Enrique Peña Nieto nos fue peor, el 15 de enero de 2014, el presidente dio un viraje a la estrategia contra el crimen y anunció el Plan Michoacán, juntos lo vamos a lograr.
El mandatario publicó un decreto por medio del cual se dio a conocer la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, encabezada por Alfredo Castillo Cervantes, ex procurador del Estado de México, quien después sería conocido como El Virrey.
Esta estrategia federal se puso en marcha ante la crisis de gobernabilidad en la entidad. Alfredo Castillo llegó a Michoacán con facultades amplias para coordinar a las fuerzas federales, reasignar recursos y promover el desarme de las autodefensas que habían surgido en 2013. Su discurso fue el de seguridad, desarrollo económico y reconstrucción institucional, con el objetivo de restablecer la autoridad.
Aunque se debilitó a los Caballeros Templarios y fue detenido Servando Gómez Martínez, la presencia de grupos armados siguió y el vacío de poder se trasladó a nuevas organizaciones criminales.
En 2015, tras constantes cuestionamientos, la mencionada comisión fue disuelta. También este plan, no funcionó.
Casi una década después, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a poner a Michoacán en el centro de la estrategia federal, la primera mandataria anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una iniciativa que busca combinar la presencia de las fuerzas federales con programas sociales, educativos y culturales.
Hoy se pretende intervenir en 25 municipios prioritarios, entre ellos Apatzingán, Aguililla, Tepalcatepec y Uruapan, con una estrategia de “seguridad integral” que incluye acciones de reconstrucción comunitaria y proyectos de empleo.
A diferencia de los operativos anteriores, el gobierno federal asegura que esta vez no se trata de una “guerra”, sino de un modelo de pacificación basado en la prevención.
Sin embargo, habría que preguntarse porqué hasta ahora se ocupa de Uruapan o de Michoacán y porqué pensar que ahora sí este nuevo plan va a pacificar la entidad.
De hecho, todos los planes giran en torno a un mismo mecanismo, atender las causas de la violencia, pero las causas reales nunca se tocan, quedan intactas, ya que estas son el vínculo con las autoridades o mandos castrenses, y mientras esa complicidad siga existiendo, no habrá plan que funcione.
