Parece que hay un amparo otra vez de un juez federal y se va a mandar una carta de la presidenta del Congreso al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirma

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla cuestionó con firmeza la decisión de una jueza federal que otorgó un amparo para permitir las corridas de toros, pese a que en Michoacán la tauromaquia se encuentra legalmente abolida.

“Parece que hay un amparo otra vez de un juez federal y se va a mandar una carta de la presidenta del Congreso al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque no fuimos a las urnas y no votamos por jueces y juezas federales para que sigan haciendo lo mismo y vamos a levantar la voz porque precisamente esta reforma judicial es para que no sigan ocurriendo este tipo de arbitrariedades”, expresó.

El jefe del Ejecutivo estatal adelantó que será el Congreso local el encargado de enviar una carta al presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, con el objetivo de defender la reforma que prohíbe la tauromaquia, aprobada como una decisión soberana del parlamento michoacano.

Ramírez Bedolla enfatizó que los jueces y juezas “tienen que apegarse al Estado de derecho y no por el estado de chueco”, al tiempo que levantó su voz como gobernador “contra este amparo que concedió un juez federal, porque no pueden seguir como antes, esto tiene que cambiar”.

Llegamos sin compromisos inconfesables y no para servir a grupos fácticos, sino a los michoacanos, dice en su mensaje                                                                           

“Llegamos sin compromisos inconfesables y no para servir a grupos fácticos, sino a los michoacanos”, con esa frase, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla abrió su cuarto informe de gobierno ante la 76 Legislatura, donde delineó avances en infraestructura, seguridad y reformas legales.

El mandatario presumió que en cuatro años su administración ha invertido más de 40 mil millones de pesos en infraestructura.

Destacó la ampliación de la autopista Siglo XXI a cuatro carriles, con 7 mil 700 millones de pesos, y la modernización de la autopista Maravatío–Zitácuaro, con 4 mil 812 millones, para conectar municipios con el Estado de México y la Ciudad de México, facilitando el comercio agrícola y el turismo.

En seguridad, reconoció el desafío permanente, pero resaltó una reducción del 60 por ciento en homicidios dolosos.

Aseguró que Michoacán es referente nacional en combate a la extorsión y cuenta con 50 cuarteles, 39 de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, además de los de la Guardia Civil, y adelantó la edificación de un nuevo cuartel en la Meseta Purépecha, en San Felipe de los Herreros.

Ramírez Bedolla recordó que el primer año de su mandato se destinó a sacar al Estado de la crisis financiera, inseguridad e ingobernabilidad, el segundo a ordenar las finanzas y devolver la esperanza y posteriormente a planear la mayor inversión social en la historia local.

A nivel social y legislativo, destacó la tipificación de la deuda alimentaria como delito, la aprobación del aborto legal y seguro, y la reforma al Poder Judicial para garantizar jueces confiables.

“Estamos construyendo un estado de bienestar que pone al centro la dignidad humana y reconcilia a los gobiernos con su pueblo”, afirmó.

Finalmente, convocó a su gabinete a consolidar estos cambios en los dos años que restan.

“No llegamos a administrar inercias, llegamos para gobernar con ética y para todos los michoacanos”, manifestó.

Los discursos oscilaron entre reconocimientos y severos cuestionamientos                                                                                                                                                     

El pleno del Congreso del Estado vivió una jornada de contrastes durante la presentación del cuarto informe de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, donde los discursos oscilaron entre reconocimientos y severos cuestionamientos.

El acto inició con un mensaje de la presidenta de la Mesa Directiva, Gulianna Bugarini Torres, quien enfatizó que “no serán los circos ni los gritos quienes gobiernen, sino el diálogo y el proceso transformador que atraviesa Michoacán y el país”.

Alejandro Bautista Tafolla, diputado independiente, fue el primero en tomar la tribuna.

Se declaró aliado del Ejecutivo y lanzó elogios a la gestión estatal, aunque no evitó señalar que el Congreso michoacano es el segundo más caro del país, por lo que sus integrantes deben rendir cuentas.

Aprovechó para urgir a la federación a combatir el cobro de piso y la extorsión.

El desfile de posicionamientos encendidos continuó.

Movimiento Ciudadano (MC) acusó falta de gobernabilidad y denunció “cifras maquilladas”.

Criticó la eliminación de las estancias infantiles y cuestionó el apoyo económico a familias con niños con cáncer, calificando los 4 mil pesos mensuales —equivalentes a 133 pesos diarios— de insuficientes.

Desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia exigió “acabar con el narcoterrorismo” y limpiar las instituciones de servidores públicos que violan derechos humanos.

Recordó la ejecución de alcaldes, la violencia en las minas y los ataques con drones.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), en voz de Brissa Arroyo, remarcó la urgencia de dignificar la política y deploró el mal estado de la infraestructura carretera en toda la entidad.

Eréndira Isauro, desde la representación parlamentaria, defendió la eficiencia en la distribución de los recursos públicos y sostuvo que Michoacán tiene condiciones inmejorables para crecer.

Vanessa Caratachea, del Partido Acción Nacional (PAN), reconoció algunas obras, pero advirtió que más de la mitad de la población sigue en pobreza y que la violencia de los cárteles mantiene a los michoacanos en zozobra.

Calificó el informe como un documento sin autocrítica.

En contraste, Baltazar Gaona, del Partido del Trabajo (PT), fustigó a la oposición, a la que llamó “lastre” y criticó por el gasto que representa su financiamiento.

Celebró el cumplimiento de pagos al magisterio, lo que permitió cerrar el ciclo escolar sin protestas.

Abraham Espinoza, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien recalcó que su partido no es servil, pero acompañará las políticas que favorezcan la paz, el desarrollo incluyente y la protección ambiental.