Se registraron un millón 612 mil 446 determinaciones y/o conclusiones en carpetas de investigación en etapa de investigación inicial y 253 mil 742 en  complementaria

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJF-E) 2025. Estos procesos estadísticos ofrecen información sobre la gestión y desempeño de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las Fiscalías Generales o Procuradurías Generales de Justicia estatales (FGE), en específico, en las funciones de gobierno, procuración de justicia, justicia para adolescentes, mecanismos alternativos de solución de controversias y servicios periciales y/o de servicio médico forense. El objetivo es producir información estadística que se vincule con el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los temas referidos.

Carpetas de investigación

Durante 2024 se abrieron un millón 908 mil 616 carpetas de investigación: 78 mil 611 por la FGR y un millón 830 mil 005 por las FGE. Del total, 98.6 % correspondió a la materia penal para personas adultas y 1.4 %, a justicia para adolescentes. Las FGE del estado de México, Guanajuato y Jalisco abrieron 19.1, 7.9 y 6.5 %, respectivamente.

En el mismo periodo, en el agregado nacional, se registraron un millón 612 mil 446 determinaciones y/o conclusiones en la etapa de investigación inicial y 253 mil 742 en la etapa de investigación complementaria. Finalmente, al cierre de 2024, se reportaron 2 397 281 procedimientos pendientes de concluir, tanto en la etapa de investigación inicial como en la etapa complementaria.

Presupuesto ejercido

En 2024, el presupuesto total ejercido por la FGR y las FGE fue de 68 mil 552 millones 794 mil 024 pesos corrientes. A precios constantes de 2018, el presupuesto que ejercieron en 2024 la FGR y las FGE fue de 50 mil 764.9 millones de pesos: 14 mil 670.3 millones correspondieron a la FGR y 36mil 094.6 millones, a las FGE. En comparación con 2023 — fue de 51 mil 179.6 millones de pesos constantes, sin considerar la cifra de Ciudad de México—, la cantidad de presupuesto ejercido disminuyó 0.8 %.

Unidad de inteligencia y/o análisis criminal

Al cierre de 2024, la FGR y 29 FGE contaban con alguna unidad de inteligencia y/o análisis criminal u homóloga. En dichas unidades laboraban mil 710 personas: 525 (30.7 %) correspondieron a la FGR y mil 185 (69.3 %), a las FGE. De las 30 unidades de inteligencia y/o análisis criminal reportadas, 29 diseñaban y aplicaban métodos de análisis y clasificación de información para la investigación, persecución y esclarecimiento de los delitos; 25 elaboraban bancos de datos y suministraban medios de prueba al Ministerio Público para integrar las carpetas de investigación; 20 elaboraban estudios sobre incidencia delictiva; y 19 generaban la estadística delictiva.

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC)

Durante 2024, los órganos o unidades administrativas encargadas de los MASC de la FGR y las FGE iniciaron 187 mil 884 expedientes: 96.9 % correspondió a la materia penal para personas adultas y 3.1 %, a la materia de justicia para adolescentes.

Se refiere a los expedientes en los que se hace constar el inicio del mecanismo alternativo establecido, una vez que las partes intervinientes aceptaron someterse a este. Se consideran los expedientes iniciados a partir de expedientes abiertos durante el año o en ejercicios anteriores siempre que, para estos últimos, esté pendiente la determinación para definir o iniciar un mecanismo alternativo de solución de controversias.

En comparación con 2023 —año en que se registraron 208 mil 118—, la cantidad de expedientes iniciados disminuyó 9.7 por ciento. Del total nacional, las FGE de Guanajuato, Veracruz y Baja California iniciaron 12.4, 7.2 y 5.9 %, respectivamente.

Plantea agua para todos y certeza para el país, que se proteja actividades esenciales y dé certidumbre a la inversión                                                                  

Como representantes de un sector que reconoce y comparte la supremacía del derecho humano al agua y frente al proceso legislativo en curso para expedir una nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, la International Chamber of Commerce México (ICC México) se pronuncia con responsabilidad, para reiterar la necesidad de un marco normativo equilibrado que garantice el acceso para la población, proteja las actividades productivas esenciales y brinde certeza jurídica a la inversión que es fuente de empleos, competitividad y prosperidad compartida.

El sector industrial advierte que diversas propuestas incluidas en los proyectos legislativos parecen haber dejado de considerar y, por lo tanto, pueden comprometer la continuidad de cadenas productivas de primera necesidad, como la alimentaria, farmacéutica o energética, cuya operación es vital en escenarios de emergencia hídrica o sequías prolongadas.

Entre las preocupaciones destacan la reducción drástica de la vigencia de concesiones, restricciones imprecisas a la transmisión de derechos, carga regulatoria incrementada, ausencia de estudios de impacto (social, ambiental y regulatorio), así como la concentración de atribuciones en múltiples autoridades sin que queden claros los procesos que garanticen adecuadamente el debido proceso a fin de evitar caer en atribuciones discrecionales.

Estas medidas, además de generar incertidumbre jurídica, pueden afectar negativamente en la toma de decisión de inversiones de largo plazo, encarecer bienes básicos para las familias mexicanas y debilitar la resiliencia del país frente al cambio climático.

Al mismo tiempo, ICC México subraya que el reto hídrico nacional debe ser atendido con un esquema legal moderno, transparente y funcional que incentive la eficiencia, fortalezca la infraestructura, promueva la inversión público-privada y armonice la legislación en materia ambiental, energética y productiva.

México requiere una institucionalidad hídrica robusta que combine justicia social y ambiental con viabilidad técnica y económica, asegurando que el agua sea motor de un desarrollo sostenible, no un factor de parálisis.

Por ello, hacemos un llamado al Congreso de la Unión y a las autoridades competentes a integrar en la Ley mecanismos realistas de transición, reglas claras de gobernanza y, conforme a los tratados internacionales vigentes en el país, garantizar el derecho humano a los procesos participativos que incluyan a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sociedad civil y sector privado en un marco de corresponsabilidad.

Principales consideraciones y propuestas del sector industrial

• Seguridad jurídica de las concesiones. Reconocimiento expreso del principio de no retroactividad; incluir mecanismos que aseguren la prórroga de títulos vigentes cuando se cumplan obligaciones técnicas, ambientales, sociales y fiscales.
• Definición clara de acaparamiento y transmisión de derechos. Establecer criterios objetivos para evitar discrecionalidad; promover un mercado regulado de agua que permita reasignar eficientemente volúmenes sin menoscabo ambiental.
• Carga regulatoria proporcional y viable. Escalonar nuevas obligaciones (medición en tiempo real, metas de reúso, cero descargas) con plazos diferenciados según ramo industrial y viabilidad tecnológica; realizar evaluaciones de impacto regulatorio antes de imponer nuevas tarifas o carga regulatoria incrementada.
• Debido proceso y certidumbre en la aplicación de la ley. Derecho de audiencia previo a reducciones, rescates o cancelaciones; facultades sancionadoras limitadas, claras y motivadas; procedimientos transparentes que otorguen certidumbre a inversiones y empleo.
• Armonización normativa. Coordinar la nueva legislación hídrica con la Ley Minera, de Hidrocarburos, LGEEPA, normativa energética y de cambio climático, evitando duplicidades y vacíos jurídicos.
• Infraestructura hídrica e inversión público-privada. Mantener y fortalecer esquemas de asociaciones público-privadas; otorgar certeza sobre la recuperación de inversiones y vigencia de derechos de uso.
• Transparencia con salvaguarda de información sensible. Garantizar acceso a información de interés general sin comprometer confidencialidad empresarial, competitividad ni derechos de privacidad.
• Régimen transitorio realista. Prever plazos de 3 a 5 años para la implementación de registros, normas y sistemas de información, evitando vacíos regulatorios y bloqueos a nuevas inversiones.

ICC México reitera su disposición al diálogo técnico y constructivo para contribuir a una Ley General de Aguas que proteja el derecho humano y, al mismo tiempo, preserve la competitividad de México, su capacidad de atraer inversión y la continuidad de actividades estratégicas indispensables para el bienestar de la población.