Como representantes populares tenemos la obligación de cerciorarnos de que nuestras leyes no discriminen a las personas por su edad, salud, orientación sexual y su identidad de género; a la par es necesario trabajar en políticas de sensibilización y de prevención que logren garantizar mejores condiciones sociales y de salud para los adultos mayores.
Así lo afirmó el diputado priísta, Roberto Maldonado Hinojosa, quien presentó la iniciativa para reformar la fracción II y adicionar la fracción XIII del artículo 2, así como la fracción VII del artículo 8 de la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo.
En su propuesta señala que la orientación sexual también se debe tomar en cuenta para lograr dar una atención integral a los adultos mayores, es decir que no solo es necesario satisfacer sus necesidades físicas, materiales, biológicas, emocionales, sociales, laborales, culturales, recreativas, productivas y espirituales de las personas adultas mayores con el fin de facilitarles una vejez plena y sana, sino que también se deben considerar sus hábitos, capacidades funcionales, usos, costumbres, preferencias y orientación sexual e identidad de género.
A la par estipula que toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, orientación sexual e identidad de género, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas será considerada discriminación.
“Para considerar, las condiciones de salud de la población adulta mayor y su paulatino deterioro natural por la edad o por causa de enfermedades crónico-degenerativas o discapacidad, representan un gran reto para los sistemas de salud, por lo que se requiere del diseño e instrumentación de políticas públicas y programas específicos para su cuidado y atención, que tomen en cuenta las diferencias entre mujeres, hombres y población LGBTI, lo mismo que las crecientes necesidades de cuidado y servicios de salud, en un marco de corresponsabilidad que involucre a diversos actores sociales”, concluyó.
Congreso deberá garantizar modelo eficaz en materia laboral: investigadores
La reforma constitucional en materia laboral aprobada en 2017, plantea diversos retos que se deberán afrontar para garantizar los derechos de los trabajadores, pues existen diversos rubros cuya interpretación es ambigua coincidieron los investigadores Vanessa de Jesús Guzmán y Eduardo Rodríguez Chávez, al impartir la conferencia “Reforma Laboral en Materia Constitucional 2017”.
Lo anterior, en el marco de la quinta sesión del Seminario “Práctica Parlamentaria”, organizado por el Instituto de Investigaciones y estudios Legislativos del Congreso del Estado (IEEL), en coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante su ponencia los disertantes hablaron de los retos que enfrentará el Congreso local, al tener la obligación de homologar la norma constitucional federal con la estatal, en la que se establece la implementación de un nuevo modelo de justicia laboral, en la cual se pondera la conciliación como mecanismo fundamental para la resolución de conflictos.
Al respecto, Eduardo Rodríguez Chávez destacó que con la reforma constitucional en materia laboral publicada el 24 de febrero del 2017 en el Periódico Oficial de la Federación, los congresos tienen la obligación de homologar sus legislaciones con la norma federal, ejerciendo la rectoría en la materia y dejando poco margen a las entidades federativas, para que sean adecuadas a sus propias necesidades y características.
Agregó que con su aprobación, el legislador trato de equilibrar las relaciones obrero-patronales, de una manera ambiciosa pero ambigua; por un lado, protege los derechos de los trabajadores, al tiempo que cambia y se ajusta a los estándares internacionales en la materia para dar certeza a los inversionistas.
En este sentido, la mayor novedad es la creación de tribunales laborales integrados al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de las entidades federativas. De esta forma se extinguen las juntas de conciliación y arbitraje, las cuales tienen hasta ahora una integración tripartita, al ser representadas por los trabajadores, la parte patronal y el gobierno. Este modelo fue rebasado por la carga excesiva de trabajo de las juntas de conciliación, que se traduce en conflictos largos y costosos, y mediante el cual, el Estado ejerce directamente mecanismos de control en materia laboral, indicó.
Por su parte, Vanessa de Jesús Guzmán refirió que el decreto de reforma ordena que en cada entidad federativa se deberán crear Centros de Conciliación, que deberán actuar bajo los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad y transparencia, que estarán bajo la rectoría del Estado, y en los que se espera dirimir la mayor parte de conflictos de manera rápida, para evitar que los procesos se judicialicen.
Sin embargo, no explica que pasará con los trabajadores de las juntas de conciliación, ni con el presupuesto que deberá otorgarse al Poder Judicial para este propósito. Por lo tanto, el Congreso de Michoacán deberá estar atento a todos los aspectos de la reforma, para salvaguardar las ambigüedades y un garantizar un modelo eficaz y justo.
Parlamento Juvenil oportunidad para que jóvenes se expresen
En la actualidad las redes sociales, se han convertido en el espacio de expresión más recurrido por el sector juvenil, el 28 por ciento de los jóvenes considera que estas son la mejor vía para comunicar su descontento al gobierno; pero no sólo a través de la tecnología es como se puede dar a conocer sus necesidades, preocupaciones y problemáticas, manifestó el diputado Enrique Zepeda Ontiveros, quien invitó a los jóvenes a alzar la voz pero desde la máxima tribuna del estado.
En este sentido, el diputado presidente del Comité Organizador del Parlamento Juvenil de Michoacán recordó a los aspirantes que deseen participar en la sexta edición que tienen hasta el próximo martes 10 de julio para realizar el registro correspondiente.
Zepeda Ontiveros, destacó con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que el 19 por ciento de la población juvenil considera que la manifestación en las calles es el método más óptimo para expresarse. A lo que el legislador señaló que no sólo a través de las redes sociales o las marchas es como se puede hacer escuchar el sentir de los jóvenes, existen opciones como el Parlamento Juvenil que es un espacio de participación ciudadana en donde los jóvenes pueden alzar la voz, y además tener la posibilidad de trascender al convertirse su iniciativa o proyecto en una normativa para el estado.
Recordó que los interesados en ser parte de esta experiencia, y que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria publicada, pueden realizar su registro a través del correo electrónico parlamentojuvenil6@gmail.com o bien de manera física en las oficinas del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos, ubicadas en Av. Morelos Norte #82, esquina con Aquiles Serdán, Centro Histórico, en la capital michoacana.
El legislador, resaltó que para consultar las bases y requisitos, pueden visitar las redes sociales oficiales, en Facebook “Congreso del Estado de Michoacán”, “Poder Legislativo de Michoacán” y en Twetter @CongresoMich y en particular en la cuenta del Parlamento que lo pueden localizar en Facebook como “6to Parlamento Juvenil”.
Finalmente, el presidente del Comité Organizador precisó que para participar es necesario registrarse por alguna de las modalidades establecidas, por concurso de iniciativa, en la que deberán presentar una propuesta que plantee un nuevo marco jurado o reformas a uno existen en el ámbito estatal, que conlleve un beneficio social; y por proyecto social, en el que deberán presentar una propuesta para resolver algún problema de su municipio o del Estado, que propicie el bienestar económico y social, y sobre todo, que contribuya a disminuir la marginación.
