La bancada del PRI reconoce que la repartición no únicamente se da en la Auditoría Superior de Michoacán
“El Partido Revolucionario Institucional no puede quedar fuera de la repartición de espacios”, contestó el diputado local, Eduardo Orihuela Estefan tras reconocer que la distribución de posiciones se ha dado en todo el Congreso del Estado y no únicamente en la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
El representante popular emanado del tricolor, reconoció que dicho órgano que debería ser autónomo y alejado de tintes partidistas, se ha convertido en una agencia de colocación laboral de los diputados, no obstante, argumentó que el PRI no puede quedar fuera de la repartición de los espacios.
“El reparto se dio y se dio en todo el Congreso y no solamente en la Auditoría, y también el PRI no se puede sustraer de tener espacios que le corresponden, lo que sí seremos vigilantes es que todas las propuestas del PRI sea gente con el perfil apropiado y que sea gente que tenga la legitimidad y las garantías para poder desempeñar estos cargos en todas las propuestas que hagamos para los cargos del congreso”, defendió.
Por su parte, el presidente de la Comisión Inspectora de la ASM en el parlamento local, Marco Polo Aguirre Chávez se enfocó en argumentar la necesidad de que los perfiles que ocupen las diferentes posiciones deben de tener la capacidad y probidad para ello, no obstante, negó conocer la repartición de espacios al interior del Congreso.
“Yo desconozco algún acuerdo y asignación de algún partido, lo desconozco, no sé sí lo haya, yo no lo conozco y no podría dar una postura y adelantar el tema, yo creo que necesitamos ser muy congruente en el discurso y en los hechos y yo he escuchado todos los discursos de los compañeros coordinadores y yo pido congruencia en el tema de los discursos y de los hechos”, manifestó.
Cuestionado, sobre sí la participación de los partidos políticos, no pone en riesgo la imparcialidad de dicho órgano fiscalizador que debería ser autónomo, Aguirre Chávez se pronunció a favor de robustecer el marco normativo que “ate las manos y evite tentaciones” al interior de las instituciones encargadas de auditar y transparentar los recursos públicos de la entidad.
