Con la Ley, se rebasa la moda de la austeridad, anteponiendo principios de sobriedad, honradez, legalidad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, dice Adrián López
El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adrián López Solís presentó una iniciativa para racionalizar el gasto de todos los entes que reciben financiamiento público.
Lo anterior durante la sesión de la 74 Legislatura, donde se presentó la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se expide la Ley de Racionalidad del Gasto Público del Estado de Michoacán, para obligar a todos los poderes en la entidad, dependencias, organismos descentralizados y autónomos, ayuntamientos y sus dependencias y fideicomisos, a implementar políticas de sistematización de los recursos.
“Lo cierto es que aunque tenemos hoy una ley de remuneraciones, tenemos decretos de austeridad a nivel administrativo y ahora estamos en la oportunidad de llevar todas estas cosas a la ley y con ello pues meter en orden este tipo de disposiciones que en ocasiones resultan discrecionales, no es ético lo que es discrecional, y no es ético lo que se hace afuera de la ley”, señaló.
López Solís dijo que al elevar a rango de Ley la racionalidad del gasto público, se rebasa la moda de la austeridad, anteponiendo principios de sobriedad, honradez, legalidad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas que serán obligatorios en el ejercicio de todo gasto público.
La iniciativa propuesta pretende que ningún funcionario público tenga una percepción superior a la establecida para el Presidente de la República; cancela todo bono o percepción adicional; Restringe la contratación de seguros médicos privados; elimina contratación de secretarios particulares.
Además sujeta la contratación de personal eventual por honorarios a la estricta disponibilidad presupuestal y a la justificación de la misma; Limita la de contratación de servicios de consultoría y asesoría a labores específicas y para proyectos estratégicos de desarrollo; Promueve la disminución a lo indispensable en la compra de equipo de cómputo y consumibles; Prohíbe el pago de telefonía e internet móvil de los servidores públicos excepto en los casos de seguridad, procuración de justicia y protección civil y los cuales tendrán que estar debidamente justificados.
Asimismo, limita la compra de vehículos, la cual indica estará sujeta a los criterios de utilidad, austeridad y funcionalidad de los mismos; Promueve la disminución de arrendamientos de inmuebles a los necesariamente indispensables para el desarrollo de las tareas de los sujetos obligados; y, prohíbe la adquisición de vuelos en primera o clases o servicios especiales, así como la alimentación y hospedaje en sitios de lujo o gran turismo, entre otros.
