Cuestiona líder estatal perredista el carácter del delegado federal de AMLO como participante en las mesas de seguridad
Se debe procesar, juzgar y someter a la ley a todos los funcionarios que hayan cometido y cometan actos de corrupción: no puede haber punto final en la corrupción que ha habido en el país, y menos someterse a consulta el vigor de la ley: «la ley no puede estar bajo la espera de ninguna consulta de nadie, la ley es la ley y se aplica» a quien sea, advirtió Antonio Soto Sánchez, líder estatal del PRD, quien cuestionó que al parecer ahora la aplicación de la ley estará a la voluntad del hoy Presidente de la República: «eso es gravísimo, eso no existe en ningún país con Estado de derecho, eso solamente se hace en las dictaduras».
En rueda de prensa ofrecida esta mañana, aseveró que se debe sancionar severamente todo acto de corrupción: los gobernantes están obligados a obedecer a la Constitución y llevar a la cárcel a quienes hayan desviado recursos del erario, entre otros actos: «el PRD dice no hay punto final, la corrupción se debe perseguir» en todos los niveles de gobiernos a quienes hayan violentado la ley.
Acerca de la controvertida figura del delegado que ha creado Andrés Manuel López Obrador, reviró el dirigente del Partido de la Revolución Democrática también que estos estén aptos de encargarse de la seguridad pues la Ley de Seguridad establece que tienen que someterse previamente a un examen de control y confianza para certificar que son personas aptas para ello. Aseguró que en ningún estado del país estos delegados lopezobradoristas han sido sometidos a este examen, lo cual viola la citada ley que dice que son sujetos de penalidad aplicable quienes extiendan esos nombramientos a quienes no han cubierto ese requisito.
Soto Sánchez respaldó entonces la decisión del gobierno michoacano, emanado del Sol Azteca, anunciada esta mañana por el gobernador Silvano Aureoles Conejo de no convocar a mesas de seguridad estatal al delegado lopezobradorista en la entidad, Roberto Pantoja Arzola, ni a personas que no cumplan con los requisitos ni perfil marcados por la ley citada «porque se incurre en ilegalidad de quien convoca a quien no debe de estar sentado en esas mesas donde se platican y hablan cosas delicadas para la seguridad del estado de Michoacán».
Respaldó finalmente, la determinación del gobernante de ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante controversia constitucional para revocar ese punto de la Ley Orgánica de la Administración Pública y revisar si estos delegados son legales.
Y esto no es nada contra el Presidente recién entrado en funciones, aclaró.
