Desde un principio las pruebas se incriminatorias se desvanecieron por falta de solidez, asegura
Saúl Aguirre, abogado defensor del exgobernador michoacano, Jesús Reyna García, aseguró que tanto el video con el que se incriminó al político priísta, como su detención “fue ilícita” por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) se vio obligada a desistirse de la acción penal.
Contextualizó que hace 4 años 8 meses 17 días, fue cuando Reyna García fue acusado del delito de delincuencia organizada, sin embargo, la prueba fundamental fue el video donde aparece el priísta con el líder del Cartel de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, alías “La Tuta”.
En entrevista para Respuesta Radio, aseguró que dicho material fue excluido por el Tercer Tribunal de Toluca, debido a que se declararon ilícitos, por considerarse que no se reunieron elementos suficientes que marca el artículo 16 de la Constitución para poder detener a una persona.
“Dos años atrás se resolvió ese amparo y en cumplimiento de esa determinación de amparo, cuando por disposición del artículo 16 de la Constitución, ante una privación de la libertad ilícita procede la libertad de inmediato, inexplicablemente en el primer Tribunal colegiado de Toluca que es donde se resolvió la apelación del auto de formal prisión, se reiteró esa formal prisión que fue objeto del amparo, porque se dijo que con restantes pruebas era suficiente para mantener la formal prisión, lo cual resulta ser absurdo”, señaló.
Por todo ello, Aguirre calificó de injusta e ilegal la detención y el proceso penal al que se sometió a Reyna, y aseguró que lo defendió en tribunales seguro de su inocencia, más allá de que lo considera su cliente.
Y es que aseguró fuera del video que fue desechado, así como la “detención ilícita” y que el resto de las pruebas derivaban de tales hechos, fueron añadidas tres declaraciones de igual número de testigos que “nunca eran coincidentes”, “se referían a hechos distintos”, empero pese a ello se le reiteró la formal prisión.
El jurista, se negó a señalar sí hubo factores políticos externos que intervinieron en la detención de Reyna García y se limitó a señalar que se dedicó únicamente a atender el curso de la querella ante los tribunales.
