El trabajo legislativo del Congreso del Estado ha abonado a la disminución del delito de falsificación de documentos, delito que en el mes de mayo registraba una incidencia delictiva de 32 reportes, y para el mes de junio solo se registran 17 incidencias, cabe recordar que en el mes de mayo la LXXIII Legislatura incrementó las penas mínimas de seis meses a un año de prisión y de 200 hasta mil días de multa a quien falsifique documentos públicos o privados, esto al reformar el Código Penal del Estado.
El pasado 16 de mayo, la LXXIII Legislatura aprobó diversas reformas al Código Penal del Estado, entre las cuales se modificó el Capítulo IV denominado «Falsificación o Alteración, Uso Indebido de Documento y Usurpación de Identidad» los artículos 299 y 300, con la finalidad de erradicar dicha práctica que se estaba realizando, a decir de los parlamentarios, de manera consciente con mayor frecuencia.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común, Michoacán 2018, en los meses de enero, febrero y marzo hubo un registro de 28 incidencias, teniendo un incremento en los meses de abril y mayo, con 31 y 32 incidencias, respectivamente, y para el mes de junio, cuando la reforma al Código era aplicable, se redujo cerca del 50 por ciento la incidencia delictiva en la entidad.
Es importante destacar que la reforma recién aprobada establece que a quien para obtener un beneficio o causar un daño, falsifique o altere un documento público o privado, se le impondrá de uno a dos años de prisión y de doscientos cincuenta a mil días multa tratándose de documentos públicos y de uno a dos años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, tratándose de documentos privados.
Las mismas penas se impondrán a quien, haga uso de un documento falso o altere o haga uso indebido de un documento verdadero, expedido a favor de otro, como si hubiere sido expedido a su nombre, o aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco. En el caso de la falsificación agravada, las penas previstas en el anteriormente se incrementarán hasta el doble.
En este contexto, los diputados integrantes de la LXXIII Legislatura celebraron que el trabajo legislativo se vea reflejado en el bienestar de los michoacanos y por ende en el desarrollo de la entidad.
Congreso comprometido en la promoción de una cultura de la paz
Como parte de los trabajos que ha emprendido la LXXIII Legislatura, para contribuir a la promoción de una cultura de la paz garantizando el ejercicio de todos los derechos y los medios para participar plenamente en el desarrollo social, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó durante el Primer Año de ejercicio la Ley para una Cultura de Paz y Prevención de la Violencia y la Delincuencia.
La norma establece las bases de coordinación entre las autoridades estatales y municipales en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, con el propósito de alcanzar y preservar una convivencia solidaria, pacífica y respetuosa entre los miembros de la sociedad, en el marco del Sistema de Seguridad Pública, y de conformidad con la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Asimismo, sienta las bases para desarrollar políticas en materia de prevención de la violencia y la delincuencia; así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.
En ese sentido, la prevención social de la violencia y la delincuencia y la promoción de una cultura de paz deben ejecutarse a través de programas, estrategias y acciones para detectar, atender y reducir los factores de riesgo que favorezcan su generación, incluyendo la participación ciudadana con las autoridades estatales y municipales.
Constituye además un apoyo adicional institucional para recuperar el tejido social a partir de la inclusión social, fomentar una cultura de paz que brinde armonía a la sociedad y asegure la participación ciudadana en los asuntos comunes, para proteger la paz de las familias y comunidades así como, en su caso, promover con firmeza la denuncia de los delitos, anteponiendo el interés colectivo.
Cabe señalar que en su aplicación queda prohibida toda forma de discriminación motivada por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, diversidad sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
De igual forma, se deben observar los principios de conciliación, continuidad, derechos humanos, diálogo, diversidad, equidad, integralidad, mediación, proximidad, solidaridad, tolerancia, trabajo en conjunto, transversalidad, transparencia y rendición de cuentas.
La norma fue aprobada por el Pleno de la LXXIII Legislatura el 16 de julio del 2016 y publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha 26 de septiembre del mismo año.
Necesario perfeccionar y fortalecer SNA
El perfeccionar y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción debe ser una tarea prioritaria en la agenda nacional, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de Michoacán, Ángel Cedillo Hernández.
El líder de la bancada perredista en el Congreso del Estado consideró que en Michoacán se están haciendo esfuerzos importantes para fortalecer el SEA y señaló que es positivo se haya realizado el primer foro regional denominado Sistemas Anticorrupción, Cultura de la Legalidad y Transparencia celebrado en Morelia, a fin de fortalecer los trabajos que se realizan en la materia.
Coincidió que es un espacio de análisis y reflexión en el que se establecen los retos, desafíos y compromisos que se deben impulsar los distintos sectores y áreas encargadas de combatir este flagelo, en donde resaltó que es fundamental la participación de la ciudadanía.
Aunado a ello, el diputado local por el Distrito de Uruapan Norte mencionó que es necesario que se establezca una campaña nacional en favor del establecimiento de un genuino Estado de Derecho y de combate a la impunidad, como mecanismos para favorecer nuestra democracia, la seguridad, inversión, creación de empleos, calidad de vida y marca país, entre otros.
Por ello dijo que se debe continuar con la ruta de perfeccionar y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, así como fortalecer la transparencia de la acción pública en todos los niveles y poderes.
Ángel Cedillo dijo que se debe eliminar el fuero constitucional para todas y todos los servidores públicos del país, y reformar el segundo párrafo del artículo 108 constitucional, para que durante el tiempo de su encargo, quien ejerza la Presidencia de la República pueda ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción y los considerados no graves del orden común y federal, con penas de destitución y responsabilidad penal, administrativa y civil.
Por lo anterior, coincidió que es un gran reto y tarea de todos el combatir las malas prácticas, la impunidad, y la corrupción en el sistema de impartición y procuración de justicia, en donde reiteró que es fundamental la participación de las y los ciudadanos.
De acuerdo con datos del Secretariado Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, en nuestro país la corrupción representa hoy día un costo de 347 mil millones de pesos anuales, lo que equivale al diez por ciento del crecimiento económico en México.
Datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, señalan que el costo total a consecuencia de corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de siete mil 218 millones de pesos; lo que equivale a dos mil 273 pesos promedio por persona afectada, lo que representó un incremento de 12.5% respecto al 2015, cuando el costo ascendió a seis mil 418 millones de pesos.
