Sin embargo, más del 50% de las unidades están en malas condiciones
Luego de reconocer que el 50 por ciento de las 10 mil unidades de taxis que existen en la ciudad, se encuentran en malas condiciones y aun así prestan el servicio, el dirigente de la Comisión Reguladora del Transporte, José Trinidad Martínez Pasalagua exigió al gobierno del Estado incremente los operativos para detener y sancionar a los automotores de la empresa Uber.
En un encuentro que sostuvo con los medios de comunicación, el líder transportista, lejos de comprometerse a crear o realizar políticas públicas, acciones y mecanismos que permitan mejorar la calidad del servicio que prestan los taxistas en la ciudad, demandó a la administración silvanista aplique la ley y aumente los operativos para detener a los Ubers.
“Hacemos un llamado a las autoridades para qué hagan un esfuerzo para reforzar los operativos que se han venido dando, porque estamos no estamos convencidos con que cumplan con lo que deba de ser por parte de la autoridad, en el hecho de que los operativos no se aplican durante todo el día, y solamente son en horarios”, lamentó.
Y es que los taxistas michoacanos, pretenden acabar con el servicio que brinda Uber para obligar a la población en general a utilizar los taxis tradicionales, pese a que la gran mayoría brindan el servicio en condiciones de mala calidad, con una pésima higiene en sus unidades, así como la de los conductores, música a todo volumen, exceso de velocidad y tarifas impuestas a su libre albedrío.
Por tal motivo, la preferencia por la empresa Uber se ha posicionado entre la población moreliana, por la calidad en sus unidades, limpieza y educación de los conductores, tarifas bajas, aunado a la seguridad que otorgan al usuario, debido a que la ruta es compartía vía internet con familiares y amigos.
Martínez Pasalagua, acusó a los vehículos Uber de atacar a los taxistas de la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM), pese a que los videos difundidos en redes sociales, indican lo contrario y aseguró que ya interpusieron una denuncia ante las autoridades correspondientes, para obligarlos a realizar la reparación del daño.
