El abogado Jorge Álvarez banderas, quien solicitó el amparo y protección de justicia de la nación
Un jurista interpuso un juicio de amparo por violación directa a los derechos humanos y sus garantías individuales, por considerar que la autoridad sanitaria, no aplica las medidas correspondientes para implementar las medidas preventivas y evitar el contagio del virus Covit-19 y detectar los casos de personas infectadas.
Fue el abogado Jorge Álvarez banderas, quien solicitó el amparo y protección de justicia de la nación, contra los actos de las autoridades desde el presidente de México, así como la Secretaría de Salud federal, director general de Epidemiología,
Reclamó la omisión de la aplicación de las medidas y acciones sanitarias y la omisión en las herramientas de contención para evitar el contagio, la omisión de dictar medidas preventivas para detectar los casos de personas infectadas con el virus covid-19 y evitar su propagación en el territorio mexicano.
Recordó que el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el brote como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), aceptando la recomendación del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), para perseguir las mejores prácticas que impidan la propagación del virus.
Consideró que el propio jefe del Ejecutivo federal, ha sido omiso, al aplicar este tipo de medidas sanitarias para permitir la contención y diagnosticar de manera eficaz y oportuna su propagación en el territorio mexicano.
Aseguró que ante la falta de tales medidas, el virus se sigue propagando gradualmente y aseguró que tal situación pone en riesgo “inminente” al quejoso derivado a que recibe un tratamiento médico, que como reacción adversa más frecuente, se encuentra en la infección de las vías respiratorias altas, es decir presenta un cuadro bajo de defensas.
“Situación que me pone en riesgo al considerar que soy susceptible a la infección del virus COVID-19, máxime que trabajo diariamente frente a grupos de personas en lugares universitarios públicos al ser docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a nivel licenciatura y posgrado, tratamiento que lo he seguido de manera puntual a la fecha”, cita la demanda de amparo.
Por lo anterior, consideró que se violentan sus derechos humanos y garantías individuales establecidos en el artículo 1, 4 y 22 de la Constitución Política de México, así como los diversos numerales; como el 12 referente al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y al 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada y ratificada por el Estado Mexicano.
