Soto Sánchez aseguró que es un hecho inédito que Michoacán se encuentra en los tribunales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en dos temas distintos
El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Soto Sánchez acusó a la fracción parlamentaria de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) de intentar sacar raja política en torno a la controversia constitucional que interpusieron en contra de la Ley Hacendaria de Michoacán.
Y es que argumentó dicha controversia es inservible, debido a que el jefe del Ejecutivo en la entidad, Silvano Aureoles Conejo, ya envió una iniciativa al 74 parlamento, con la finalidad de derogar la serie de gravámenes aplicados dentro de la miscelánea fiscal 2019.
“El gobernador ya mando una iniciativa, entonces ya no habría materia entiendo yo, que ya se deroga por parte de los diputados, lo que está solicitando el Ejecutivo de que se cancelen esos impuestos y sí ya lo está pidiendo entonces no hay necesidad de la Controversia, porque se resolverá al seno del Congreso”, indicó.
Por lo anterior, el líder de la tribu del aurinegro, consideró que los diputados que integran la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada entre legisladores emanados del instituto obradorista y del rojiamarillo, intentan sacar provecho de la situación.
“Lo que buscan es sacar raja política, porque en eso andan los partidos políticos, ellos andan en lo propio, pero sí ya no hay materia a raíz de lo que ya solicitó el Ejecutivo no veo como pudiesen sacar raja política, sí ya se está dando marcha atrás a esa situación”, manifestó.
Escueto, Soto Sánchez contestó que el PRD analizará una posible sanción contra el legislador Erick Juárez Blanquet, que pese a conformar sus huestes, decidió sumarse a la controversia constitucional en contra de los gravámenes propuestos por el gobierno del Estado.
Cabe señalar que en un hecho inédito, Michoacán se encuentra en los tribunales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en dos temas distintos.
El primero de ellos presentado por el propio gobierno del Estado, que interpuso un recurso legal para regresar los servicios educativos a la Federación y el segundo es la controversia constitucional presentada por 15 legisladores contra la Ley Hacendaria.
