Los representantes del tricolor presentaron su agenda legislativa correspondiente al primer año parlamentario
La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó al gran endeudamiento público y en consecuencia el debilitamiento de las instituciones, como el principal problema por el que atraviesa la entidad.
Lo anterior en un encuentro que sostuvieron los representantes populares del tricolor con los medios de comunicación, para presentar su agenda legislativa correspondiente al primer año parlamentario, donde aseguraron que el problema toral de la entidad es el deterioro de sus finanzas, situación en la que se enfocarán a trabajar.
Esto a pesar de que dos de los diputados presentes, conformaron la 72 legislatura y alzaron la mano para aprobar el empréstito, que en su momento solicitó el jefe del Ejecutivo Estatal en turno para endeudar al Estado, como lo es el caso de Eduardo Orihuela Estefan y Marco Polo Aguirre Chávez.
Sin embargo, Orihuela Estefan argumentó que el empréstito solicitado por el mandatario se autorizó bajo la condición de que el recurso se destinaría a pagar los adeudos con proveedores, en aras de reactivar la economía del Estado, situación que aseguraron hasta este momento no se ha realizado.
“El propósito era o es porque así está en los decretos que se aprobaron, que se pagará a cada uno de los empresarios y convertir una deuda que sustraía recursos de la vida económica del Estado y que ponía además en riesgo o había quebrado a quienes con trabajo, esfuerzo y talento habían construido un patrimonio, que se consiguieran los recursos bancarios para pagarle a esos empresarios y preferible deberle al banco, que deberle a las empresas michoacanas”, argumentó.
En dicha rueda de prensa donde se realizaron críticas contra el endeudamiento del Estado, estuvieron presentes únicamente tres de los cinco legisladores del tricolor, ya que Yarabí Ávila González y Adriana Hernández Íñiguez brillaron por su ausencia.
Los diputados locales se comprometieron a actuar como interlocutores entre el gobierno del Estado y la Iniciativa Privada (IP) a fin de concretar una mesa de diálogo, donde se cree un calendario de pagos en favor de los proveedores.
