Con la finalidad de darle mayor certidumbre y claridad a la aplicación de la Ley de Pensiones del Estado de Michoacán, los diputados aprobaron por mayoría diversas reformas al ordenamiento jurídico.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social presentó al pleno el dictamen de decreto mediante el cual se modifica el primer párrafo del artículo 54, el primer párrafo del cuarto transitorio, el primer párrafo del quinto transitorio además de que se derogan los últimos párrafos de los artículos cuarto y quinto de la mencionada Ley.
El espíritu de las modificaciones a los artículos pretende fortalecer el sistema de pensiones en el Estado, así como coadyuvar a una mejor ruta de jubilaciones y otorgación de las pensiones correspondientes a todos los trabajadores del Estado que en su momento lo soliciten.
El dictamen aprobado en sesión extraordinaria de la Septuagésima Tercera Legislatura incorpora una nueva redacción de enunciativa de los derechos vigentes de los servidores públicos a tener derecho a la jubilación que se establecen en el artículo 54 Ley de Pensiones para el Estado de Michoacán de Ocampo, lo que permitirá darle certidumbre a los servidores sujetos a la norma jurídica.
Luego de consideraciones el dictamen fue aprobado para quedar como sigue “articulo 54.- Tienen derecho a la jubilación los servidores públicos que tengan treinta años o más de servicio e igual tiempo de contribuir al fondo en los términos de la presente ley, contando con 60 años de edad o más y dejen de trabajar”.
De igual forma los artículos transitorios salvaguardan a los derechos adquiridos por los servidores públicos hasta antes de estas reformas.
Presupuesto estatal tendrán perspectiva de género
Con la aprobación de las reforma a los artículos primero, segundo fracción XI, 11, 13, 16, 23, 25 y 28 de la Ley de Planeación Hacendaria, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, se garantiza la transversalidad y la perspectiva de género en la programación, planeación, aplicación y ejecución del gasto público estatal y de los planes y programas que implemente el Estado.
Los diputados que integran las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública e de Igualdad de Género, analizaron la iniciativa presentada por la Legisladora Socorro de la Luz Quintana León y dictaminaron a favor la reforma a los diversos artículos con la finalidad de contribuir a la disminución gradual y permanente de la violencia en contra de la mujer y de las brechas de desigualdad entre las personas sin importar su sexo.
En los considerandos del dictamen se establece la necesidad de que los Gobiernos, actúen para realizar acciones coordinadas que sirvan para la erradicación de la violencia en contra de la mujer, en este caso en concreto en establecer las políticas públicas necesarias.
Con estas reformas se busca reconocer la equivalencia entre mujeres y hombres en derechos, oportunidades, beneficios, participación, con la misma representación en la vida pública y política, en tanto que la equidad de género significa reconocer la necesidad de un trato imparcial o diferenciado entre hombres y mujeres, de acuerdo de con sus respectivas necesidades para que ambos puedan acceder en las mismas condiciones a los derechos y las oportunidades.
Con la inclusión de la perspectiva de género se fomentara una sociedad más justa, equitativa, democrática y participativa, además de poder establecer las bases para un crecimiento social, cultural, político, religioso, educativo y profesional, contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas.
La responsabilidad de poner en funcionamiento la transversalizacion, incluye a todo el estado, desde los niveles más altos, representados por las autoridades superiores de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hasta el gestor público de menor rango; para lo cual es necesario establecer mecanismos adecuados y confiables que permitan una evaluación objetiva de los progresos que se vayan logrando, y el seguimiento adecuado de los mismos y asegura un desarrollo efectivo y pertinente.
Con la aprobación de las reformas en forma unánime se armoniza el marco jurídico con las leyes federales y se adopta líneas estratégicas sobre perspectiva o igualdad de género en armonía con los planes estatales y nacionales de desarrollo.
