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REVISA ASUNTOS PENDIENTES COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL

 

congre rechaza 3005Con la finalidad de dar trámite a los nueve asuntos pendientes que tiene la Comisión de Desarrollo Rural, los diputados Roberto Maldonado, presidente, Rogelio Trejo Trejo, Juan Manuel Figueroa y Belinda Iturbide, integrantes de la misma, sostuvieron una reunión de trabajo.

 

En dicha reunión, los legisladores revisaron los temas que han sido turnados por el Pleno del Congreso del Estado, para su estudio y análisis, entre los que destacan cuatro modificaciones a la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable, diversas reformas a la Ley de Ganadería, ambas del Estado de Michoacán.

Asimismo, se continuará con la revisión de la iniciativa de ley para abroga la Ley Reglamentaria de Tierras Ociosas, la cual fue publicada en 1930, misma que, ha decir de la diputada Juanita Noemí Bravo quien la propuso, tenía como fin aumentar la productividad del campo mexicano, y dotar a los municipios de una fuente de financiamiento público-privado, pero que ha quedado desfasada desde 1981 por la Ley de Fomento Oficial Agropecuario.

Otra de las iniciativas pendientes en la presentada por el entonces diputado Pascual Sigala Páez, propuesta que según la exposición de motivos, prevé adecuar la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado a la realidad de Michoacán, así como armonizarla conforme a la reforma aprobada a la Ley Orgánica de la Administración Pública en septiembre de 2015 para su correcta denominación.

De igual forma, durante la reunión se puso en la mesa de trabajo la propuesta del diputado José Guadalupe Aguilera, mediante la cual se exhorta al Gobierno Federal y Estatal para vigilar, regular, certificar la cantidad y calidad de las plantas que producen los viveros.

Los parlamentarios, acordaron que continuarán con el estudio, análisis y dictamen de cada uno de los asuntos de manera responsable, y no tener rezago dentro de la comisión.

Llaman a fortalecer la política de seguridad, con respeto a los derechos humanos en el país

En México resulta apremiante que se fortalezca la política de seguridad, fomentando en las acciones que se impulsen la participación ciudadana y garantizando en toda acción el pleno respeto de los derechos humanos, así como protección a las víctimas, consideró el diputado local Manuel López Meléndez.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Social mencionó que es necesario garantizar la pacificación del país, con seguridad, respeto a los derechos humanos y justicia para todas las personas.

En ese contexto, mencionó que es necesario diseñar e implementar una política de seguridad humana de carácter integral, para que todos los mexicanos y mexicanas gocen de su derecho inalienable a vivir en un entorno seguro y libre de violencia, atendiendo las causas estructurales de la violencia y la delincuencia.

Así también planteó la necesidad de implementar una política de seguridad ciudadana que garantice el pleno respeto de los derechos humanos, proteja a las víctimas y se sustente en la participación ciudadana.

Por lo anterior, consideró que ello debe ser aunado al fortalecimiento de las instituciones policiales para enfrentar al delito y recuperar la confianza de la sociedad, a fin de generar resultados efectivos en nuestro país.

Además el legislador señaló necesario el implementar, con relación al consumo y tráfico de drogas, una política integral enfocada en la reducción de daños y riesgos y en la desarticulación de las organizaciones de delincuencia organizada.

Estas acciones, añadió deben ser integrales, por lo que es necesario también el “combatir las malas prácticas, la impunidad, y la corrupción en el sistema de impartición y procuración de justicia”.

En ese contexto, Manuel López Meléndez habló de que se requiere reestructurar el sistema penitenciario e implementar medidas para abatir la posibilidad de que se conviertan en centros de operación de la delincuencia.

Urge políticas públicas desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad

En México es apremiante que se impulsen políticas públicas que garanticen un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Ángel Cedillo Hernández.

“Ante las necesidades actuales, resulta impostergable que se impulse un modelo de desarrollo inspirado en los principios de la economía social de mercado orientada al crecimiento económico con equidad”.

Por lo anterior el legislador por el Distrito de Uruapan Norte dijo que es necesario que en nuestro país se establezca una política de Estado que combata la pobreza, la desigualdad y la marginación en todas sus dimensiones y manifestaciones.

Además indicó que se debe establecer una estrategia de desarrollo que garantice un crecimiento sostenido de la economía mexicana a largo plazo y que fomente la creación de empleos dignos y bien remunerados.

Ángel Cedillo mencionó que mientras no se ejerza una auténtica planeación democrática de corto, mediano y largo plazos, no se logrará revertir la situación actual y menos atender las demandas del pueblo mexicano en la materia.

Aunado a lo anterior subrayó que se requiere el establecer una política fiscal integral orientada al bienestar social de las familias y el desarrollo económico, en el que se establezca firmemente el desarrollo regional como humano, además de atacar las causas estructurales de la pobreza, estableciendo acciones que den resultados efectivos.

Para ello indicó que se debe establecer una política de Estado que fomente la ciencia y la tecnología mexicanas, orientándola con visión estratégica a contribuir al desarrollo nacional, en el que se debe considerar también el consolidar un sistema de salud universal y de calidad internacional.

Mencionó que es necesario en el país el reformar el sistema de pensiones del país, para garantizar una pensión suficiente para el retiro digno de trabajadores y trabajadoras, aunado a que se deben establecer políticas públicas transversales que garanticen los derechos de las mujeres, los niños, niñas y jóvenes, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.

 

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