El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos
Simone de Beauvoir (1908-1986) Escritora y activista francesa
Alarmante ha sido, sin duda, el criterio aplicado por la Fiscalía Anticorrupción de Michoacán, a cargo de Alejandro Carrillo Ochoa, para lavarse las manos y no querer indagar la corrupción que envolvió la construcción de la presa Francisco J. Múgica.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, presentó una denuncia para que la Fiscalía le diera seguimiento a las investigaciones internacionales que evidencian que funcionarios del gobierno del estado recibieron recursos, a manera de soborno, de la empresa brasileña Odebrecht, encargada de la construcción de la presa, en los sexenios de Lázaro Cárdenas Batel y de Leonel Godoy.
Pero Carrillo decidió archivar la denuncia, esgrimiendo dos pretextos: uno, que el delito ya había prescrito y que el Comité de Participación Ciudadana no está facultado para denunciar nada al respecto, porque no fue directamente afectado por el presunto ilícito de corrupción. El primer argumento se cae por inmoral y el segundo por ilegal.
Cierto, el delito ya prescribió cuando el Comité presentó la denuncia, pero Carrillo Ochoa supo de ella un año antes, en septiembre de 2018, porque como integrante del Comité Coordinador del SEA votó en contra de que se abriera una investigación al respecto. Y en ese tiempo aún no había prescrito. Todos los integrantes del Comité Coordinador, salvo el presidente en ese tiempo, Rafael Villaseñor, dejaron pasar intencionalmente la oportunidad de abrir una investigación en 2018 cuando aún era tiempo.
Pero más grave aún, por peligroso y alarmante, es el segundo argumento: que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no tienen la facultad para interponer dicha denuncia, porque no fueron víctimas directas del ilícito. Suena a justificación ofensiva para la inteligencia. Obvio que los cinco integrantes del comité no fueron agraviados directos con los moches de Odebrecht a funcionarios michoacanos, pero Carrillo debe saber que el espíritu de la creación de los comités ciudadanos en el Sistema Nacional Anticorrupción y sus vertientes estatales, es justo para que representen a toda la sociedad en la lucha institucional contra la corrupción, dando seguimiento al accionar del sistema, tanto nacional como estatales. La ley le faculta para ello, por tanto el argumento esgrimido por la Fiscalía de Carrillo Ochoa es ilegal, amén de obsceno: es como no recibir una denuncia por homicidio si el difunto no la presenta. Así de ridículo.
Carrillo es una profunda decepción al frente de esa Fiscalía, a la que llegó claramente sin ningún tipo de mérito profesional, sino como posición gubernamental. Lamentablemente, es pieza clave en el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, porque con ese tipo de criterios hoy podemos anticipar a dónde irán a parar las denuncias en materia de corrupción en Michoacán. Y lo peor, que con actuaciones así, se mengua la escasa credibilidad que tiene el propio Sistema Estatal Anticorrupción.
La Fiscalía Anticorrupción es, en los hechos, una oficina de ornato. Más aún, es un obstáculo, paradójicamente, al SEA. Y queremos ganar la lucha contra la corrupción. Así, imposible.
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